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ANTECEDENTE
En México, el primer antecedente sobre el tema se halla en la Constitución de 1917, en
el mismo artículo 6, donde se indica que “la manifestación de las ideas no será objeto de
ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque la moral, los
derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público”. -
Reconocimiento Constitucional
En 1976 el presidente Luis Echeverría, en un intento por mitigar la creciente desconfianza hacia el gobierno y responder a las demandas sociales,
impulsó una apertura democrática. Esta medida fue un reconocimiento de que el presidencialismo centralista ya no podía resolver los conflictos sociales de manera pacífica, este contexto de crisis fue fundamental para que se comenzara a gestar la idea de un acceso más amplio a la información pública. -
La apertura democrática
La administración de Echeverría buscaba responder a las exigencias sociales y a la presión de diversos sectores que clamaban por una mayor transparencia en la gestión pública, la apertura democrática fue una respuesta a la crisis de legitimidad del régimen" (Uvalle, R. 2014 p8). Este enfoque permitió que se comenzaran a discutir temas relacionados con la transparencia y el acceso a la información, aunque aún no se contaba con un marco legal que lo garantizara. -
La Introducción de la Ley Federal de Transparencia
El año 2002 marcó un punto de inflexión en la política de transparencia en México con la promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Esta ley fue un avance significativo, ya que permitió a los ciudadanos solicitar información a las entidades gubernamentales, estableciendo un marco legal para el ejercicio del derecho a la información. -
La Ley Federal de Transparencia
La Ley Federal de Transparencia fue un paso fundamental hacia la democratización del acceso a la información pública, se estableció el derecho de todos los ciudadanos a acceder a la información en posesión de los Poderes de la Unión y otros organismos gubernamentales (García, M. 2011 p289). Este derecho no solo empoderó a los ciudadanos, sino que también obligó a las instituciones a adoptar un enfoque más proactivo en la divulgación de información. -
Primeras Solicitudes y Resultados
Se registraron las primeras solicitudes de información bajo la nueva ley, aunque el número de solicitudes fue relativamente bajo en comparación con los años posteriores, este fue un primer paso significativo hacia la apertura informativa. La respuesta de las instituciones a estas solicitudes fue variada; algunas cumplieron con la ley, mientras que otras mostraron resistencia, lo que generó críticas sobre la efectividad del DAI. -
Desafíos en la Implementación
La relación con el ejecutivo era en un pincipio, de colaboración (Marván, M. 2006 p35), pero esta colaboración se vio amenazada por la falta de compromiso de algunas instituciones. A pesar de que la ley había sido promulgada, muchas entidades aún no estaban completamente preparadas para cumplir con sus disposiciones. La resistencia de ciertos funcionarios y la falta de capacitación en el manejo de solicitudes de información dificultaron el proceso -
Respuestas de las Instituciones
A pesar del aumento en las solicitudes, la respuesta de las instituciones gubernamentales fue variada, de las 861 solicitudes, el 83% fueron aceptadas, lo que sugiere que muchas entidades estaban dispuestas a cumplir con la ley. Sin embargo, también se evidenció que algunas instituciones mostraron resistencia a proporcionar la información solicitada, lo que generó críticas sobre la efectividad del DAI. -
La Plataforma Nacional de Transparencia
La implementación de la Plataforma Nacional de Transparencia ha sido un avance significativo en la accesibilidad de la información pública. Esta plataforma ha permitido a los ciudadanos acceder a datos relevantes de manera más sencilla y rápida, promoviendo una mayor participación en la vida pública. Sin embargo, a pesar de estos avances, persisten desafíos en la capacitación de los funcionarios públicos y en la creación de una cultura organizacional que valore la transparencia. -
Ejercicio Fiscal y Nuevas Perspectivas
A lo largo de los años, se ha reconocido que la transparencia debe situarse en la lógica de los cambios políticos (Aguilera, R. 2011 p275), lo que implica que la efectividad del DAI no solo depende de la existencia de un marco legal, sino también de la voluntad política y la capacidad de las instituciones para adaptarse a un entorno en constante cambio. -
Accesibilidad y Disponibilidad de Información
En 2024, también se observa un enfoque renovado en la inclusión de datos abiertos, lo que representa un paso hacia la modernización de la gestión pública. La obligación de generar y publicar datos en formatos accesibles es fundamental para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas, este enfoque proactivo es esencial para empoderar a los ciudadanos y permitirles participar activamente en la supervisión de la gestión pública