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La construcción del derecho de acceso a la información en México
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Reformas al artículo 6º Constitucional
Para que los mexicanos ejercieran su derecho de conocer la información producida y controlada por los actores públicos -
Transición a la Democracia
Fue el impulso para la transparencia y el acceso a la información, se implementan nuevos diseños institucionales, políticas y prácticas democráticas para rendir cuentas ante la ciudadanía. -
Declaración de Oaxaca
Medios de comunicación y académicos abordaron la exigencia de contar con una ley de acceso a la información y en la inserción del tema en la agenda pública. -
Promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIP)
Componentes:
- Reconoce legalmente que los ciudadanos pueden solicitar información al gobierno federal y que éstos deben entregarla.
- Permite la construcción de instituciones y de procesos para implementar dicho derechos. -
Creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI)
Encargado de garantizar que todas las dependencias federales en México hagan pública la información sobre el uso de recursos -
Modificación a la Constitución
Se decreta que el Derecho de Acceso a la Información es constitucional,se adiciona un segundo párrafo al artículo 6° de la Constitución -
Nuevas reformas al artículo 6º constitucional
Establece el derecho de toda persona al libre acceso a la información plural y oportuna, así´ como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. -
Transformación del IFAI a INAI
La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece las bases generales para que el IFAI aumente el número de obligados y la creación de una plataforma digital para los ciudadano “Plataforma Nacional de Transparencia
del Gobierno Federal”, dando origen al INAI -
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Ampliar y fortalecer los mecanismos de acceso a la información
en posesión de cualquier autoridad, incluye los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, que reciba y ejerza recursos públicos.
