S3. Actividad 2. La política social en sus diferentes etapas timeline

La inversión pública en infraestructura y el fomento industrial fue prioritaria. La ampliación de las áreas de riego, la construcción de presas y diques, la electrificación de amplias zonas del territorio, la construcción de carreteras y de sistemas de comunicaciones, generaron empleos e ingresos.

Entre 1940 y 1970 el Estado se abocó a participar en el abatimiento de los rezagos económicos y sociales, induciendo el proceso de industrialización y el crecimiento económico. Las medidas de política social para la población rural por medio de la reforma agraria y la fijación de precios de garantía para los productos básicos, y para la población urbana el respeto a los derechos laborales, el mantenimiento de los salarios mínimos y la seguridad social.

En el gobierno de Manuel Ávila Camacho (1940-1946), empezó a utilizarse la palabra marginados existiendo un fuerte interés por la asistencia social, sobre todo en las grandes ciudades, ocasionando la atracción de emigrantes.

El avance más importante en materia social fue la creación, en 1943, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

La intensa actividad gubernamental a favor del desarrollo económico desplegada de 1950 a 1970 fue alentada por las propuestas de crecimiento económico mediante la industrialización por sustitución de importaciones promovida por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), creada en 1947. Estas recomendaciones coincidieron con el discurso y los objetivos nacionalistas que caracterizaron a este periodo.

Mientras la estructura productiva se amplió y diversificó, las acciones de bienestar, acotadas a grupos organizados urbanos, se tradujeron en la mejoría de diversos indicadores sociales, sobre todo en términos de ampliación de la cobertura de salud y educación.

Se creo Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en 1959, que sustituyó a la Dirección de Pensiones Civiles y Retiro.

Se creó Instituto Nacional de Protección a la Infancia (INPI) –que después se convertiría en 1977 en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) – y los Institutos Regionales de Protección a la Infancia (IRPI) con el objetivo de que el Estado mexicano protegiera a la niñez movilizando para ello todos los medios que tuviera para fomentar la familia mexicana, en especial la de más escasos recursos.

La agenda internacional tuvo gran influencia en el diseño de políticas sociales, a través de la difusión de las medidas de bienestar mediante la activa intervención de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo. El gobierno de Estados Unidos creó en 1963 la Alianza para el Progreso como agenda del desarrollo social en esta década, estrategia que contó con amplio apoyo de instituciones multilaterales como el Banco Mundial, y el Banco Interamericano de Desarrollo.

A mediados de la década 1960 el sistema de protección social registró un logro notable al hacer obligatorias las aportaciones empresariales para la vivienda social.

Se creó la Institución Mexicana de Atención a la Niñez (IMAN) con el compromiso de organiza y dirigir programas asistenciales en beneficio del menor en condiciones de abandono, además de crear y atender casas cunas de menores de cuatro años de edad, cuya situación fuese el abandono.

A partir de 1970, se inició una tendencia descendente en el crecimiento demográfico explicable, en buena parte, por las políticas de control de la natalidad.

El agotamiento del modelo de crecimiento se expresó en fuertes desequilibrios económicos y financieros al comenzar la década de 1970. Entre los problemas que ya eran manifiestos desde mediados de la década 1960 puede mencionarse el elevado crecimiento demográfico (3.2 por ciento anual) frente al cual las políticas de empleo, educación, habitación, atención a la salud, asentamientos humanos, cobertura de demanda de alimentos y vestido, eran insuficientes.

En 1973 se instituyó el Programa de Inversiones Públicas para el Desarrollo Rural Integral (Pider), cuya finalidad fue integrar todos aquellos programas destinados al medio rural, ejecutados por los tres niveles de gobierno. Se pretendía que los programas de desarrollo rural fuesen autofinanciables. Parte de los recursos del Pider provinieron de organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Se creo el Sistema Alimentario Mexicano buscaba combatir la pérdida de autosuficiencia alimentaria en productos básicos agropecuarios y coadyuvar a disminuir la pobreza extrema. Este programa fue cancelado al comenzar la crisis económica y financiera de comienzos de la década de 1980 que dio lugar al proceso de ajuste estructural. Estas circunstancias condujeron a un cambio profundo en las políticas sociales.

En 1976 se creo el Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados. Es un antecedente notable de las políticas de combate a la pobreza, se realizó un diagnóstico sobre la situación de los grupos y áreas marginadas. El Programa fue un reconocimiento implícito de que las políticas universales y los subsidios generalizados al consumo aplicados hasta el momento no llegaban a esos segmentos de la población, como revelaron los estudios realizados.

El breve auge petrolero de comienzos del decenio 1980 permitió nuevas reformas sociales que casi de inmediato fueron detenidas por el surgimiento de la crisis de 1980-1982, desencadenada por la imposibilidad de pagar la deuda externa. Se inició la reforma del Estado que, entre otras cosas, implicó el redimensionamiento del sector público y el replanteamiento del papel del Estado en las políticas sociales.

A partir de la década de 1980, México vivió un proceso de crisis y ajuste estructural que implicó un cambio de modelo económico basado en la apertura económica y comercial y en la desregulación financiera. Este proceso trajo consigo profundos cambios en el diseño y ejecución de las políticas sociales, como la sustitución del universalismo por políticas y programas selectivos y focalizados a los segmentos de población con mayores carencias y rezagos.

Con el proceso de ajuste iniciado en 1982-1983 el gasto público en general y el social en particular, tuvieron recortes sustantivos. La política social fue sometida a criterios de eficiencia en la asignación de recursos. La falta de presupuesto para enfrentar la demanda de bienes y servicios públicos amplió las desigualdades sociales y la pobreza aumentó.

Se creó el Plan Nacional de Desarrollo 1983–1988. Con respecto a la política social el PND estableció la necesidad de crear una sociedad igualitaria como producto de la Revolución. Miguel de la Madrid ya había fijado las siete tesis rectoras como objetivo de la Revolución para una sociedad igualitaria como “la nueva forma de vida común que debemos de crear los mexicanos para que, sin distingos, todos podamos disfrutar de las mismas oportunidades para nuestro desenvolvimiento personal”

1987 se creó la Ley de Salud para el Distrito Federal, que establecía la creación de un sistema de salud local para el Distrito. En relación con la asistencia social, una de las atribuciones del Sistema de Salud del Distrito Federal era contribuir en la prestación de servicios asistenciales y dar impulso al desarrollo de la familia.

Se crea Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) iniciado en 1988. se sumó a la demanda de nuevos servicios, como la construcción de más escuelas, la ampliación y la rehabilitación de la infraestructura básica (agua potable, alcantarillado), el rezago habitacional y la demanda de servicios de salud tanto de los beneficiarios de sistemas institucionales como de los que estaban fuera de los mismos.

A partir de 1988 inició un nueva etapa de la política social mediante un paquete alternativo de bienestar social que buscó compensar los rezagos sociales con recursos fiscales escasos.

Las políticas sociales de la década de 1990 significaron una suavización de las políticas de mercado abierto, con un nuevo enfoque en las políticas de bienestar, en las cuales se mezcla el asistencialismo con políticas sociales selectivas y programas focalizados.

Se plantea superar el carácter asistencialista que la política social ha tenido en el pasado, por un carácter de coparticipación responsable entre el gobierno y la sociedad.

Se plantea combinar un conjunto de estrategias cuyos ejes son de mínimos de bienestar, de equilibrio y control demográfico y de atención a la extrema pobreza, sobre la base de dos aspectos, el primero es la atención a las demandas de las necesidades básicas de la población y el segundo es la creación de proyectos productivos.

Inició el Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa) con un enfoque de política social integral, que proporciona servicios de salud, alimentación y educación para desarrollar las capacidades de las personas y las familias en condiciones de pobreza extrema.

A partir del 2001 el Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa) se denomina Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.