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La nueva Constitución Política de Colombia reconoce los derechos fundamentales de los niños, incluidas sus garantías para la participación en decisiones que los afectan.
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La Ley 70 promueve el reconocimiento de las comunidades afrocolombianas y el derecho a la participación de estos grupos en decisiones sobre su territorio y cultura.
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Esta ley estableció el reconocimiento de los derechos territoriales y políticos de las comunidades afrocolombianas, promoviendo su participación activa en los procesos de toma de decisiones.
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Esta ley establece normas para garantizar la inclusión y participación política de las personas con discapacidad, promoviendo su derecho a votar y ser elegidas.
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Tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna.
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Se consolida el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados sobre proyectos que puedan afectar sus territorios, garantizando su participación en la toma de decisiones sobre su futuro.
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La Ley de Víctimas reconoce derechos para las víctimas del conflicto armado, incluyendo su participación en los procesos de reparación y restitución.
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Se garantiza la posibilidad de que personas LGBTI participen en la vida política y social, asegurando sus derechos civiles y políticos.
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En el marco del proceso de paz con las FARC, las víctimas del conflicto armado obtienen derechos a participar en la construcción de políticas públicas y reparación.
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La ley otorga a los migrantes y refugiados en Colombia el derecho a participar en procesos de toma de decisiones y en políticas de inclusión.
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La Corte Constitucional refuerza el derecho a la consulta previa y la participación activa de los pueblos indígenas en la toma de decisiones gubernamentales.
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Esta ley establece medidas para garantizar la participación plena de las personas con discapacidad en la vida política, social y económica del país.
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Recientemente, el Senado de Colombia aprobó un proyecto de ley que busca erradicar el matrimonio infantil, un hito significativo para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el país. Hasta ahora, Colombia tenía una de las legislaciones más permisivas en este tema, aunque aún existe una excepción en el Código Civil que permite a menores de edad contraer matrimonio bajo ciertas condiciones. Se espera que esta nueva ley contribuya a prevenir uniones tempranas.
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La Corte Constitucional resalta la importancia de la participación de las comunidades afrodescendientes en el manejo de políticas públicas, especialmente en situaciones de emergencia como la pandemia.