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1982
La creación de la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP) marcó un cambio hacia un enfoque más centralizado y planificado de la gestión económica, incluyendo la política regulatoria. -
1993
El surgimiento del marco de Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) comenzó a tomar forma, con el objetivo de evaluar los costos y beneficios de las nuevas regulaciones. -
1992
El establecimiento del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) proporcionó una base para la toma de decisiones políticas basadas en evidencia y el análisis regulatorio. -
1995
La implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) impulsó los esfuerzos para armonizar las regulaciones mexicanas con los estándares internacionales. -
2000
La creación de la Secretaría de Economía (SE) consolidó el papel del gobierno en la promoción del desarrollo económico, incluyendo la reforma regulatoria. -
2002
La promulgación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA) estableció un marco más moderno y transparente para los procesos administrativos, incluyendo los procedimientos regulatorios. -
2006
El lanzamiento del Programa Nacional de Mejora Regulatoria (PNMR) tuvo como objetivo agilizar y simplificar las regulaciones en diversos sectores. -
2013
La creación de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) fortaleció el marco institucional para la reforma regulatoria, proporcionando supervisión y coordinación. -
2014
La publicación de la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria (ENMR) delineó una visión integral para mejorar el entorno regulatorio. -
2016
La implementación de la iniciativa de "Cajas de Arena Regulatorias" permitió la experimentación con nuevas regulaciones en sectores específicos, fomentando la innovación y reduciendo las barreras regulatorias. -
2020
La pandemia de COVID-19 destacó la importancia de marcos regulatorios ágiles y receptivos, lo que llevó a una acelerada transformación digital y simplificación regulatoria. -
2021
El lanzamiento de la iniciativa de "Agenda Regulatoria" tuvo como objetivo aumentar la transparencia y la participación pública en el proceso regulatorio. -
actual
sfuerzos continuos para agilizar aún más las regulaciones, promover la digitalización y mejorar la eficacia de las evaluaciones de impacto regulatorio. -
actual
Mayor enfoque en fomentar un entorno regulatorio más competitivo e inclusivo que apoye el crecimiento económico y el bienestar social.