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Este tratado internacional adoptado por las Naciones Unidas establece los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de los niños y niñas. Colombia lo ratificó en 1989, comprometiéndose a garantizar la protección, el bienestar y la participación activa de los menores en decisiones que les afecten, marcando un hito fundamental en la legislación infantil del país. -
Reconoce a Colombia como una nación multiétnica y multicultural, garantizando derechos específicos de autonomía y participación para comunidades indígenas y afrodescendientes. También consagra derechos colectivos relacionados con el territorio, la educación y la cultura. -
Esta ley establece medidas para garantizar los derechos de las comunidades afrodescendientes, especialmente sobre la propiedad colectiva de tierras y su participación activa en decisiones que afectan sus territorios. -
Esta ley establece la protección de los derechos de las personas con discapacidad, promoviendo la igualdad de oportunidades. Incluye específicas para garantizar su participación en el ámbito laboral y social, prohibiendo la discriminación en cualquier forma. -
El pueblo ROM fue reconocido como un grupo étnico colombiano, asegurando su representación y participación en procesos culturales y sociales, además del respeto a su identidad cultural. -
Esta ley consolida los derechos de los niños como sujetos de derechos plenos. Incluye disposiciones para garantizar su participación en procesos de decisión familiar, comunitaria y política, y establece mecanismos para su protección contra cualquier tipo de vulneración. -
Este hito representó un avance significativo hacia la igualdad de derechos para parejas del mismo sexo, permitiéndoles acceder a derechos patrimoniales y de seguridad social. -
Esta ley reconoce a las víctimas del conflicto armado colombiano medidas y establece para su reparación integral. Incluye la creación de espacios de participación, en los cuales las víctimas pueden incidir en la construcción de políticas públicas y procesos de justicia. -
Esta norma establece directrices para la inclusión y la participación efectiva de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida, asegurando su acceso a la educación, el empleo, la justicia y la salud sin barreras. -
La Corte Constitucional de Colombia permitió el matrimonio entre parejas del mismo sexo, asegurando su derecho a formar una familia y participar plenamente en la sociedad bajo los mismos términos que las parejas heterosexuales. -
En respuesta a la crisis migratoria venezolana, el gobierno colombiano implementó el PEP, una medida que permite a los migrantes acceder a servicios básicos como salud, educación y empleo, facilitando su integración y participación social. -
Este acuerdo entre el gobierno y las FARC marcó un cambio significativo para las víctimas, con compromisos para su reparación y la inclusión de mecanismos de participación en la implementación del acuerdo. Creó espacios como el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. -
Este estatuto es una de las más amplias medidas en América Latina para regularizar y proteger a migrantes. Ofrece un marco para la inclusión socioeconómica y reconoce su papel en la sociedad colombiana.