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Derecho constitucional a la información pública
El artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: el Estado garantiza el derecho a la información pública. La primera reforma fue en 1977 a este artículo. -
Transparencia: transición a la democracia
No fue sino a partir de la transición
a la democracia en el año 2000, que se han implementado diseños institucionales, políticas y nuevas
prácticas democráticas con miras a la consolidación de un Estado más responsable ante la
ciudadanía, es decir, que rinda cuentas. -
Promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
Un seminario convocado en la ciudad de Oaxaca, donde medios de comunicación y
académicos abordaron la exigencia de contar con una ley de acceso a la información, lo que derivó en
la llamada Declaración de Oaxaca y en la inserción del tema en la agenda pública; y la Promulgación
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIP) en el
año 2002. -
Entidades promulgan leyes en materia de transparencia
Los primeros estados que promulgaron leyes de acceso a la información fueron Jalisco, Sinaloa,
Aguascalientes y Querétaro, en 2002. De hecho, Jalisco y Sinaloa lo hicieron antes que el gobierno federal. Posteriormente, entre 2003 y 2006, veinte entidades promulgaron leyes en materia de
transparencia y, el resto, tardó más de 5 años en hacerlo (DM, 2014). -
ITAIP BAJA CALIFORNIA
Conformación del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, 1º. de Junio del 2011. tiene el compromiso de garantizar que todos los aspectos de la forma en que el Gobierno y los servicios públicos son administrados y operados, estén a disposición de la ciudadanía y a la supervisión de la sociedad. -
Reforma al artículo 6to.(2013, 2014 y Promulgación 2015)
La finalidad de este instrumento jurídico fue ampliar y fortalecer los
mecanismos de acceso a la información para que el Estado mexicano adoptara el nuevo paradigma de gobierno abierto.
Buscaba reducir espacios de opacidad y discrecionalidad en la gestión pública y ampliar la participación ciudadana en favor
de la transparencia.
